La Oficina de la Mujer participó del foro virtual "Política de la sospecha. Falsas denuncias, justicia y derechos", organizado por el Foro Argentino Género, Derechos y Justicia, un espacio de intercambio y reflexión destinado a analizar el impacto de los discursos sobre las denominadas "falsas denuncias" en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.

La actividad fue moderada por Maite Garmendia y articulada por Ariadna Abritta (UNSAM), con la apertura a cargo de Ana Casal, quien destacó que la instalación de iniciativas legislativas centradas en las falsas denuncias produce efectos que trascienden el plano jurídico, al reinstalar la sospecha sobre los testimonios de mujeres y diversidades y desalentar el acceso al sistema de justicia.

Durante el encuentro, especialistas de distintas provincias e instituciones académicas y judiciales expusieron investigaciones y análisis sobre la temática. Entre los principales aportes, se presentaron los resultados preliminares del relevamiento federal realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, cuyos datos muestran que las denuncias por falsa denuncia representan un porcentaje mínimo del total de causas ingresadas al sistema penal y que, en su gran mayoría, no se vinculan con situaciones de violencia de género o violencia doméstica.

Asimismo, se abordaron los alcances del proyecto legislativo actualmente en debate, señalándose que la figura de la falsa denuncia ya se encuentra prevista en la legislación penal vigente y que la propuesta podría reforzar estereotipos de género, al equiparar la falta de pruebas con la falsedad de una denuncia y afectar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

Las denuncias falsas son delitos tipificados en Argentina desde hace más de un siglo. El Código Penal sanciona tanto la falsa denuncia (art. 245) como el falso testimonio (art. 275), con penas que pueden incluir multas o prisión. El Código Penal prevé para la falsa denuncia una pena de 2 meses a 1 año de prisión o multa. Para el falso testimonio, establece una pena base de un mes a cuatro años de prisión, que puede elevarse a entre 1 y 10 años cuando se comete en una causa penal en perjuicio del imputado. Fuente: Congreso de la Nación Argentina. (1921/1984). Código Penal de la Nación Argentina (Ley n.º 11.179). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las exposiciones también analizaron el impacto de las políticas de sospecha sobre niñas, niños y adolescentes, advirtiendo que estos enfoques pueden profundizar las dificultades para que sus testimonios sean escuchados y considerados en los procesos judiciales. En Argentina, sólo 1 de cada 4 mujeres (77,3%) que sufren violencia realiza la denuncia, y un 1,6% concurre a dispositivo institucional, pero no denuncia. Además, específicamente en el caso de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, entre el 90 % y el 95 % no se denuncian. Este elevado nivel de subregistro también se relaciona muchas veces con la edad de la víctima y con relación de dependencia con el agresor. Fuente: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Iniciativa Spotlight, & Centro de Estudios de Población (CENEP). (2022). Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres en Argentina. Buenos Aires: MMGyD. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2023). Guía de buenas prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual. UNICEF Argentina.

Otro de los ejes desarrollados fue el efecto que estas dinámicas producen en los equipos interdisciplinarios que intervienen en situaciones de violencia, destacándose que la deslegitimación del trabajo profesional, sumada a la sobrecarga laboral y la precarización de las condiciones de trabajo, incrementa los riesgos de desgaste profesional y trauma vicario.

Finalmente, las y los expositores coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas y judiciales con perspectiva de género y derechos humanos, promover el trabajo interdisciplinario y garantizar el acceso efectivo a la justicia, evitando prácticas y discursos que reproduzcan estereotipos o desalienten la denuncia de situaciones de violencia.

La participación en este tipo de espacios de formación e intercambio contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales y al desarrollo de herramientas orientadas a garantizar una respuesta judicial respetuosa de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad y acceso a la justicia.

Para poder acceder al video del conversatorio: youtube.com/watch?si=4YJawTor5so50lf_&v=tTFOrqw4goQ&feature=youtu.be