Oficina de la Mujer
Presentación del Área
Área de Gestión de Riesgo (AGR)
La creación del Área de Gestión de Riesgo mediante Acordada 893/23, para dar respuesta a los desafíos emergentes en el campo de las medidas de protección en casos de violencia de género, ha generado la necesidad de desarrollar nuevas políticas y procedimientos para analizar, visibilizar y sugerir acciones a la magistratura. Además, se han consolidado articulaciones intra e interinstitucionales necesarias para el trabajo con los casos de violencia de género y/o doméstica en consonancia con el trabajo que venía realizando la OM en las mesas de trabajo interinstitucionales para casos graves o de difícil resolución.
Durante el período informado se registró una carga total de 3.866 oficios en el sistema SAE OM, conforme el siguiente detalle mensual:
| Oficios Cargados en SAE OM | |||
|---|---|---|---|
| Mes | 2024 | 2025 | 2026 |
| Enero | SIN SAE | 549 | 469 |
| Febrero | SIN SAE | 561 | 694 |
| Marzo | 252 | 620 | 736 |
| Abril | 224 | 602 | 715 |
| Mayo | 295 | 595 | 606 |
| Junio | 319 | 410 | 646 |
En términos comparativos, durante el primer semestre de 2025 se habían cargado 3.337 oficios, mientras que en igual período de 2026 se registraron 3.866, lo que representa un incremento de 529 oficios, equivalente a una suba aproximada del 15,8% interanual. Esta variación permite advertir un crecimiento sostenido de la demanda institucional vinculada al registro y seguimiento de medidas de protección.
La evolución mensual evidencia que los meses de mayor carga durante el primer semestre de 2026 fueron marzo, con 736 oficios; abril, con 715; y febrero, con 694. Asimismo, se destaca el incremento registrado en junio de 2026, mes en el que se cargaron 646 oficios, frente a los 410 registrados en junio de 2025.
Asimismo, durante el período informado se presentaron 925 informes vinculados con medidas registradas conforme las Acordadas N.o 1253/16 y N.o 893/23. Dichas presentaciones se corresponden con intervenciones realizadas por la Oficina de la Mujer y el Área de Gestión de Riesgo respecto de medidas de protección comunicadas por los órganos jurisdiccionales, en el marco de las funciones de registro, seguimiento, verificación de cumplimiento y eventual sugerencia de nuevas intervenciones previstas institucionalmente.
Respecto de la distribución territorial de los oficios ingresados, se observa una marcada concentración en el Centro Judicial Capital, que representa el 61,9% del total registrado. Le siguen el Centro Judicial Este, con el 14,4%; Concepción, con el 12,7%; Monteros, con el 8,2%; y Justicia de Paz, con el 2,7%.
Esta distribución permite advertir que, si bien la mayor demanda operativa continúa concentrándose en Capital, existe una carga sostenida proveniente del interior provincial, especialmente de los Centros Judiciales Este, Concepción y Monteros. Ello exige mantener criterios homogéneos de carga, lectura, clasificación, registro y seguimiento, a fin de garantizar una respuesta institucional uniforme en todo el territorio provincial.
Desde una perspectiva institucional, el incremento de oficios no debe ser leído únicamente como un aumento formal de comunicaciones judiciales, sino como una mayor demanda operativa para la Oficina de la Mujer y el Área de Gestión de Riesgo. Cada oficio recibido requiere su lectura, carga en el sistema, clasificación, identificación de las medidas dictadas, control de datos relevantes, eventual comunicación con la persona protegida, articulación con organismos judiciales o extrajudiciales y, cuando corresponde, elaboración de informes técnicos o respuestas al órgano jurisdiccional interviniente.
En este sentido, el aumento interanual advertido durante el primer semestre de 2026 impacta directamente en la capacidad de gestión del área, en tanto exige sostener el seguimiento de medidas de protección en un volumen creciente de casos. Esta situación adquiere especial relevancia cuando se trata de expedientes con indicadores de riesgo alto, altísimo o riesgo de femicidio, en los cuales la oportunidad de la intervención resulta determinante para prevenir incumplimientos, nuevas situaciones de violencia o escenarios de mayor gravedad.
Asimismo, el volumen de 925 informes presentados durante el semestre da cuenta de una actividad técnica sostenida, que no se agota en la mera registración administrativa de los oficios ingresados. Por el contrario, refleja una intervención orientada a producir información relevante para los órganos jurisdiccionales, comunicar situaciones advertidas durante el seguimiento, informar incumplimientos o dificultades de implementación de las medidas, y sugerir nuevas intervenciones cuando resulta pertinente.
El análisis del período también permite señalar que la eficacia del seguimiento depende, en gran medida, de la calidad y suficiencia de la información remitida en cada oficio. Resulta especialmente relevante contar con datos completos y actualizados de la persona protegida, número de contacto, domicilio, medidas vigentes, plazo de duración, modalidad de notificación, existencia de denuncias previas, evaluación de riesgo y eventuales antecedentes de incumplimiento. La ausencia o insuficiencia de dicha información puede dificultar la comunicación, demorar la intervención y afectar la posibilidad de realizar un seguimiento oportuno.
En función de lo expuesto, corresponde señalar que el primer semestre de 2026 evidencia una consolidación del sistema de registro y seguimiento previsto por la Acordada N.o 1253/16, así como una intensificación significativa de la carga de trabajo asumida por la Oficina de la Mujer y el Área de Gestión de Riesgo. El volumen de 3.866 oficios cargados, sumado a la presentación de 925 informes vinculados con medidas registradas conforme las Acordadas N.o 1253/16 y N.o 893/23, pone de manifiesto la necesidad de sostener recursos adecuados, fortalecer los circuitos de comunicación interinstitucional y mejorar la calidad de la información remitida por los órganos jurisdiccionales.
En la comparación interanual se observa un incremento sostenido en la carga de oficios durante 2025 respecto de 2024. Entre marzo y noviembre de 2025 se cargaron 4827 oficios frente a los 3152 del mismo período de 2024, lo que implica un aumento aproximado del 53%. En el primer tramo del año la brecha es particularmente significativa: mientras que en marzo-mayo de 2024 los oficios cargados oscilaron entre 224 y 295, en 2025 se ubicaron entre 595 y 620, es decir, prácticamente el doble.
A mitad de año ambas curvas convergen parcialmente por la baja de 2025 en junio y julio, aunque incluso en ese contexto solo en julio el volumen de 2025 resulta inferior al de 2024 (316 frente a 386 oficios). A partir de agosto, la tendencia vuelve a ampliarse a favor de 2025 y se consolida en el último trimestre, donde se registran los valores más altos de toda la serie (653 oficios en octubre y 686 en noviembre, frente a 479 y 384 en 2024). Este comportamiento da cuenta de un aumento estructural de la demanda de intervención del AGR, con un impacto especialmente marcado en los meses de mayor actividad jurisdiccional.
El desagregado de los oficios según nivel de riesgo confirma que el AGR interviene mayoritariamente sobre situaciones de alta criticidad. Entre febrero y octubre, los casos clasificados como de riesgo alto constituyen el grupo predominante, con valores que se mantienen elevados durante todo el período y con un pico muy marcado en mayo (máximo de la serie), para luego descender en junio y caer abruptamente en julio, en consonancia con la baja general de actividad jurisdiccional. A partir de agosto se observa un nuevo incremento de medidas de riesgo alto, que se consolida en septiembre y octubre, meses en los que se vuelve a registrar un volumen muy alto de casos.
El riesgo medio muestra una curva similar, con aumento progresivo entre febrero y mayo, descenso en junio y julio, y una fuerte reactivación desde agosto hasta alcanzar uno de sus valores más altos en octubre. Por su parte, los oficios con riesgo altísimo mantienen números significativos durante todo el primer semestre (entre aproximadamente 33 y 54 casos mensuales), caen en julio y vuelven a aumentar en agosto y octubre. Los casos tipificados como de riesgo bajo son comparativamente minoritarios en todos los meses, lo que es consistente con el recorte de intervención del AGR. Finalmente, aunque los registros de riesgo de femicidio presentan cifras numéricas bajas, se sostienen de manera constante a lo largo del período, lo que refuerza la necesidad de mantener estrategias específicas de seguimiento intensivo para este grupo de casos.
Entre enero y diciembre se presentaron 1434 informes, con un promedio de 109 informes mensuales. El año comienza con un registro muy bajo en enero (7 informes, en contexto de feria), seguido de un primer trimestre moderado -81 informes en febrero, 46 en marzo y 41 en abril- y un repunte a partir de mayo (77 informes), que se estabiliza en torno a los 100 informes mensuales en junio (102) y julio (105).
Desde agosto en adelante se verifica un crecimiento sostenido y muy marcado: 131 informes en agosto, 159 en septiembre y un salto significativo en el último trimestre, con 224 informes en octubre y 226 en noviembre, los valores más altos de toda la serie. En diciembre, se advierte una continuidad en esa tendencia ascendente. Este comportamiento evidencia no solo el aumento del volumen de intervenciones del AGR, sino también la apropiación progresiva del portal del SAE por parte de los Juzgados como canal regular para la recepción de informes técnicos.
En la comparación interanual del uso del Portal del SAE (enero-diciembre) se observa un salto cuantitativo muy marcado. En 2024 se registraron 250 informes en todo el período, mientras que en 2025 se presentaron más de 1434 informes, es decir, casi seis veces la cantidad del año anterior. En 2024 el uso del Portal fue incipiente y concentrado en el último trimestre (con un máximo de 44 informes en octubre y 41 en noviembre), mientras que en 2025 se advierte una apropiación temprana y sostenida de la herramienta: desde febrero los volúmenes mensuales superan ampliamente a los del año previo y crecen de manera progresiva hasta alcanzar 159 informes en septiembre y 224 en octubre. Aun con un leve descenso en noviembre (187 informes), los valores se mantienen muy por encima de los de 2024, lo que evidencia que el Portal del SAE se consolidó durante 2025 como el canal regular para la remisión de informes del AGR a los Juzgados.
Respecto a los mencionados informes, se tratan de informes técnicos vinculados al seguimiento de medidas de protección dictadas en el marco de procesos de violencia de género y violencia familiar. Este volumen de producción refleja no solo la intensidad del trabajo desarrollado, sino también la consolidación de un sistema de monitoreo orientado a garantizar la eficacia real de las decisiones judiciales adoptadas.
La función del AGR consiste en realizar una evaluación y gestión técnica del riesgo en los casos en los que se han dispuesto medidas de protección, tales como prohibiciones de acercamiento, restricciones de contacto, exclusiones del hogar u otras disposiciones de resguardo. A partir de un seguimiento, el equipo releva información actualizada sobre el cumplimiento de las medidas, identifica posibles incumplimientos y analiza la evolución de los factores de riesgo dinámicos que puedan incidir en la seguridad de las personas protegidas.
Cada informe elaborado incorpora un análisis técnico de la situación actual del caso, considerando la persistencia, agravamiento o modificación del contexto de violencia. En ese marco, el AGR formula sugerencias fundadas al órgano jurisdiccional interviniente, orientadas a fortalecer la protección y prevenir escenarios de mayor criticidad. Dichas sugerencias pueden implicar el mantenimiento, ampliación o adecuación de medidas vigentes, la convocatoria a audiencias, la solicitud de informes complementarios o la articulación con otros dispositivos institucionales cuando la situación lo requiere.
De este modo, la producción de más de 1400 informes durante el año constituye una herramienta central para la gestión judicial del riesgo, aportando información técnica especializada que contribuye a la toma de decisiones oportunas y a la protección efectiva de las personas en situación de violencia.